Según autoridades de la ANDE, y de acuerdo a intervenciones realizadas contra establecimientos de criptominería irregular, el daño patrimonial que estas conexiones ocasionen pueden ser estimado en trece mil millones de guaraníes mensuales.
El presidente de de la Ande, Félix Sosa, aseguró que en la última intervención en la ciudad de Salto del Guairá se desconectaron equipos con una potencia acumulada de 63,7 MW, lo que corresponde por ejemplo al doble de demanda de la ciudad de Pilar y al 30% de la potencia nominal de la hidroeléctrica Acaray.
Cabe destacar que esta fue la intervención más grande la historia, siendo incautados 2378 procesadores dedicados a la criptominería y varios transformadores de potencia.
En los últimos tiempos gracias a una alianza entre la ANDE, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia se cuenta con la posibilidad de identificar usos elevados de energía analizando variaciones significativas en los sistemas de distribución.
En las operaciones participan técnicos de la ANDE, fiscales y Policía, mientras que se incautan equipos que luego son subastados y se imputan a los responsables.
Los establecimientos de criptominería no solo provocan un daño patrimonial a la ande sino que afecta el suministro regular de energía para los usuarios.