En Asunción y otras ciudades como Ciudad del Este, un problema en ascenso amenaza la seguridad de la población: el deterioro de los cables colgados en los postes eléctricos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Aunque la institución estima que entre el 20% y el 30% de estos cables son obsoletos, la realidad parece ser aún más alarmante. En un recorrido visual, se puede observar que los cables antiguos y sin uso son mucho más comunes, formando una red desordenada que invade las calles y afecta tanto a la estética urbana como a la seguridad de los ciudadanos.
Accidentes y riesgos para los ciudadanos
La situación ha cobrado víctimas. En uno de los incidentes más graves, dos motociclistas, Alejandro Speciale y Liz Paola Gómez, sufrieron una caída con secuelas graves al encontrarse con cables sueltos en la intersección de Cuarta Proyectada y Tacuary, en Asunción. Otro caso impactante tuvo lugar en San Antonio, donde Cristina Gómez, también a bordo de una motocicleta, estuvo a punto de ser decapitada por un cable colgante mientras regresaba de su trabajo de madrugada.
Estos casos evidencian un peligro real para las personas que circulan en motocicletas y bicicletas, quienes son las más vulnerables ante los cables caídos. Además, la maraña de cables en desuso genera una mala imagen en las zonas urbanas, afectando la visual y la limpieza de los espacios públicos.
¿De quién son realmente los cables?
La ANDE, propietaria de los postes donde se instalan estos cables, alquila el espacio a más de 170 empresas, que incluyen tanto a proveedores de servicios como a instituciones gubernamentales. Según Hugo Rolón, funcionario de la ANDE, muchas de estas empresas dejan cables obsoletos y clandestinos, o incluso con contratos vencidos, sin retirarlos. “Cuando se daña el cable, las empresas simplemente instalan uno nuevo y dejan el antiguo en el poste”, señaló Rolón. Esta práctica incrementa el desorden y la inseguridad en la vía pública.
Hasta marzo de este año, estas empresas acumulaban una deuda de 12.5 millones de dólares con la ANDE. Algunas de las deudoras más destacadas incluyen a COPACO S.A., con G. 83.000 millones, TIGO con G. 5.429 millones, Personal con G. 3.598 millones, y Claro con G. 1.187 millones. Además, 45 empresas han sido dadas de baja por impagos, acumulando una deuda adicional de G. 339 millones. Entre estas empresas inactivas se encuentran:
- TES – SIEC CONSORCIO: G. 19.116.460
- ARIVOIR SOLUCIONES INFORMÁTICAS: G. 18.855.754
- BRIOS S.A. DE FINANZAS: G. 6.476.296
- FORTALEZA S.A.: G. 692.909
Estas empresas ya no operan, pero sus cables en desuso permanecen en los postes, sin que la ANDE tome medidas para retirarlos.
¿Quién es responsable?
Según la normativa interna de la ANDE, las empresas que instalan cables en los postes deben remover las redes que ya no están en operación para liberar el espacio. Sin embargo, esta disposición rara vez se cumple, y la propia ANDE tampoco realiza el retiro de los cables en desuso. Este incumplimiento compartido entre la institución y las empresas mantiene la peligrosa “telaraña” de cables en el aire, saturando las ciudades con una maraña de redes en desuso.
Ejemplos externos: leyes eficaces en otros países
La falta de acción en Paraguay contrasta con las medidas adoptadas en otros países. En Chile, la Ley Chao Cables obliga a las compañías a hacerse responsables del mantenimiento, identificación y retiro de cables en desuso. En España, también se prohibió por ley la instalación de cables visibles en fachadas y espacios aéreos. Estos ejemplos internacionales podrían servir de modelo para Paraguay, que enfrenta la necesidad urgente de regular la instalación de cables y promover una transición hacia sistemas subterráneos.
La necesidad de una Ley de infraestructura subterránea en Paraguay
A pesar de que la ANDE tiene la facultad para retirar cables obsoletos, el problema persiste, en parte debido a un sistema de corrupción que facilita el uso prolongado y desordenado de los postes. Empresas privadas y proveedores de servicios evitan inversiones en infraestructura subterránea, beneficiándose de los postes de la ANDE a bajo costo. Esta situación, además, ha contribuido a cortes de energía frecuentes, ya que la sobrecarga de cables aumenta la posibilidad de fallas.
Es urgente que Paraguay considere la implementación de una ley que regule la instalación de cables y promueva el uso de infraestructura subterránea en zonas urbanas, como se ha comenzado a aplicar en el microcentro de Asunción, específicamente sobre la calle Palma. Este cambio no solo reduciría los riesgos de accidentes, sino que mejoraría la imagen de la ciudad y facilitaría el acceso seguro a los espacios públicos.
La falta de regulación y cumplimiento en la gestión de cables en los postes de la ANDE representa un riesgo creciente en Paraguay. A medida que la tecnología avanza y las ciudades requieren soluciones más limpias y seguras, la transición hacia sistemas subterráneos y una legislación que obligue a las empresas a asumir su responsabilidad se vuelven cada vez más necesarias. El país tiene ejemplos internacionales que puede adoptar para garantizar la seguridad y el orden en sus ciudades