Desde julio de 2020, Estados Unidos ha declarado a más de 23 personas de América Central y del Sur como corruptas conforme a la Ley de Operaciones Extranjeras y Asignaciones, sección 7031(c). De estas personas, ocho fueron incluidas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) bajo la Ley Magnitsky. Sin embargo, ninguno ha sido extraditado. Este artículo busca analizar por qué no se ha perseguido la extradición en estos casos y qué implica esto para la justicia y la percepción pública.
Sanciones en lugar de extradición
El día de ayer, Estados Unidos reforzó las sanciones contra Cartes y su empresa Tabacalera del Este SA (Tabesa), acusándolos de proporcionar apoyo financiero al expresidente. Sin embargo, hasta la fecha, no se han presentado cargos legales específicos ni se han iniciado procesos judiciales en su contra en Estados Unidos. Este enfoque ha llevado a una percepción de “muerte civil” más que a una búsqueda de justicia formal.
La política de Estados Unidos ha sido utilizar cada más las sanciones económicas y restricciones de visa en lugar de buscar la extradición de individuos designados como “significativamente corruptos”. Esta estrategia se basa en la Ley Magnitsky, que tiene como objetivo castigar a los violadores de derechos humanos y a los corruptos mediante sanciones económicas. En el caso del expresidente paraguayo Horacio Cartes, estas sanciones incluyen su inclusión en la lista OFAC, la congelación de sus activos en EE. UU y restricciones comerciales con entidades estadounidenses.
La excepción de Cartes
Lo que distingue el caso de Cartes es la falta de transparencia y de procedimientos legales formales. Mientras que otros exmandatarios designados como corruptos por Estados Unidos han enfrentado investigaciones y procesos legales en sus propios países, Cartes no ha sido sometido a un proceso judicial claro. Esto plantea una serie de cuestiones importantes sobre la justicia y la percepción pública.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, es una excepción notable, ya que fue extraditado bajo una ley diferente, la Ley de Compromiso Mejorado entre Estados Unidos y el Triángulo Norte (Engel), debido a su involucramiento en narcotráfico y corrupción. Esta excepción resalta la inconsistencia en la aplicación de las políticas de extradición de Estados Unidos.
Implicaciones de la estrategia de sanciones
La falta de un proceso de extradición y de claridad en las acusaciones contra Cartes socava la confianza en el sistema de justicia y en la lucha contra la corrupción, tanto a nivel nacional como internacional. La percepción de que Cartes está siendo castigado sin un debido proceso puede ser vista como una violación de sus derechos fundamentales, ya que todo individuo, incluso el más criminal, tiene derecho a defenderse ante la justicia.
La estrategia de sanciones económicas y restricciones de visa sin procesos judiciales formales puede ser vista como una herramienta política más que como una medida de justicia. Esto podría debilitar la legitimidad de las sanciones y cuestionar la verdadera intención detrás de estas designaciones.
La ruta no tomada
Para que Cartes pudiera enfrentar un juicio justo y defenderse de las acusaciones, Estados Unidos tendría que iniciar un proceso formal de extradición. Este proceso implica una solicitud oficial al Departamento de Justicia de Estados Unidos, que luego se remite a la Embajada de Estados Unidos en Paraguay y, posteriormente, a la Cancillería paraguaya y a la Corte Suprema de Justicia de Paraguay. Solo entonces se notifica a la persona cuya extradición se solicita, permitiendo que prepare su defensa legal.
Sin embargo, hasta ahora, Estados Unidos ha optado por no seguir este camino con Cartes, prefiriendo reforzar las sanciones. Esta decisión puede estar influenciada por experiencias pasadas, como el fallido intento de extraditar a Nicolás Leoz, expresidente de la CONMEBOL, desde Paraguay.
Posibles Nuevas Sanciones a Cercanos de Cartes
La situación actual podría derivar en más sanciones y designaciones por parte de Estados Unidos no solo contra Horacio Cartes, sino también contra sus allegados, como su hermana Sarah Cartes y el presidente de Paraguay, Santiago Peña. Sarah Cartes, considerada la principal prestanombre del expresidente, y Santiago Peña, visto como su brazo político para mantener el poder en Paraguay, están en la mira de las autoridades estadounidenses.
Conclusión
La situación de Horacio Cartes, marcado por sanciones y restricciones sin un proceso legal claro, plantea una serie de preguntas sobre la justicia y la política internacional. La estrategia de Estados Unidos de evitar la extradición y optar por sanciones económicas puede ser eficaz para ciertos fines políticos, pero también corre el riesgo de socavar la legitimidad del sistema de justicia y de las propias sanciones.
Ante estas circunstancias, un enfoque más transparente y basado en el debido proceso podría no solo reforzar la lucha contra la corrupción, sino también restaurar la confianza en las instituciones judiciales y en la justicia internacional. La verdadera justicia, después de todo, no solo debe ser hecha, sino también ser vista como hecha.
La pregunta sigue siendo: ¿por qué Estados Unidos no ha seguido el camino jurídico de la extradición para Cartes? Hasta que esta pregunta sea respondida y se tomen medidas adecuadas, la percepción de “muerte civil” seguirá pesando sobre la imagen de Horacio Cartes y la credibilidad de las sanciones estadounidenses.