Un día como hoy, hace ya 20 años, Paraguay vivió una de las mayores tragedias de su historia. Era el 1 de agosto del 2004, apenas dos días después del Día de la Amistad. Una tranquila mañana de domingo se convirtió en una pesadilla imborrable.
El escenario de este horror fue el Supermercado Ycuá Bolaños de Trinidad, ubicado en la intersección de Artigas y Santísima Trinidad. Inaugurado en diciembre de 2001, ese domingo el supermercado estaba casi lleno. Nadie advirtió lo que estaba ocurriendo en el lugar.
Una chispa, grasa acumulada y la falta de mantenimiento en las instalaciones provocaron que alrededor de las 9 de la mañana el fuego se iniciara entre el cielo raso y el techo, justo sobre el patio de comidas.
Dos horas después, el fuego hizo que el cielo raso cediera y las llamas recorrieran gran parte del local comercial. Las personas que no fueron calcinadas al instante intentaron huir, pero encontraron las puertas cerradas. Alguien había dado la orden de cerrarlas. Así, por orden del propietario Juan Pío Paiva y ejecutada por el guardia de seguridad Daniel Areco, 600 personas quedaron atrapadas en una caldera.
Para el mediodía, el humo podía verse desde casi todos los puntos de Asunción. Los medios de prensa cubrían la noticia, pero nadie podía dimensionar aún la gravedad de lo ocurrido. Con las puertas cerradas, vecinos y transeúntes, junto a los bomberos, tuvieron que abrir salidas para rescatar a la gente. Fue la misma comunidad la que logró salvar a las pocas personas que tuvieron la oportunidad de escapar.
A las 9 de la noche, el fuego desapareció y la cifra escalofriante salió a la luz: alrededor de 330 fallecidos, 250 heridos y varios desaparecidos.
Comenzaron entonces a surgir y discutirse las irregularidades en torno al supermercado. Según la municipalidad de Asunción, dirigida en ese entonces por el actual ministro del Interior Enrique Riera, el local cumplía con las medidas contra incendios, aunque todo indicaba lo contrario. No existían las salidas de emergencia necesarias, los detectores de humo no funcionaban y el mantenimiento no estaba al día.
La patente de apertura del local fue otorgada en enero de 2002, aunque nunca se realizó la inspección final de prevención de seguridad ni por autoridades municipales ni por bomberos, según estipulaba la ordenanza municipal.
Por el hecho, fueron imputados Juan Pío Paiva, Víctor Daniel Paiva y Daniel Areco, propietario del supermercado, encargado del local de Trinidad y guardia de seguridad respectivamente, junto a varios funcionarios municipales y personas vinculadas a las obras de construcción del Ycuá.
En diciembre de 2006 finalizó el juicio oral a los imputados. El tribunal compuesto por los jueces Manuel Aguirre, Elio Ovelar y María Doddy Báez decidió, por 2 votos a 1, catalogar el hecho como homicidio culposo.
Las víctimas, sus familiares y la ciudadanía en general no aceptaron el fallo y se generaron violentas protestas, dejando un saldo de más de 60 detenidos y 49 heridos, pero al mismo tiempo la anulación del juicio.
En agosto de 2007 se inició un nuevo juicio después de varios cambios de jueces y en febrero de 2008 se leyeron las sentencias. El fiscal Édgar Sánchez había solicitado 25 años de pena privativa de libertad para los principales acusados del siniestro.
El argumento de la acusación fue por homicidio doloso en grado eventual y exposición. Sin embargo, por ordenar el cierre de puertas, Pío Paiva fue condenado a 12 años, Daniel a 10, el guardia Areco a 5. También fueron condenados arquitectos y accionistas a 2 años y medio.
En agosto de 2009, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó las condenas carcelarias. Daniel Paiva recuperó su libertad en 2013 y su padre Juan Pío un año después. El hijo de los Paiva falleció en diciembre de 2020 tras padecer COVID.
Ningún funcionario municipal fue a prisión; solo debieron abonar una multa irrisoria de menos de 20 millones de guaraníes. Las víctimas de la tragedia fueron indemnizadas según la Ley nro 3993 de julio de 2015.
Esta ley indicaba que “los familiares de las víctimas que sufrieron la muerte serán indemnizados con 3.000 jornales mínimos legales, mientras que las víctimas que sufrieron lesiones graves o permanentes serán indemnizadas con 2.000 jornales mínimos legales. Las víctimas que sufrieron lesiones leves serán indemnizadas con 1.000 jornales mínimos legales para actividades diversas”. Sin embargo, los familiares de las víctimas señalan que al menos 400 personas perdieron la vida en el siniestro.
El caso Ycuá Bolaños es la muestra palpable de diversos males que aquejan a nuestro país: la mala gestión municipal, la corrupción enquistada en la función pública, la avaricia incesante de empresarios, la debilidad de nuestro sistema de salud y la impunidad reinante.
Este hecho podría haber sido completamente evitable. Hace 20 años que la historia de cientos de familias cambió para siempre. Hoy, es nuestro deber seguir repitiendo con firmeza: “Memoria y Justicia”.